En el mundo en que vivimos parece que fuera obligado tener respeto innato y reverencial a los tribunales. Me refiero a los de justicia, que tanto dan que hablar. Yo supongo que los tribunales, como el resto de las personas e instituciones, tendrán que ganarse ese respeto. Una persona, para ser respetada por sus vecinos, tiene que comportarse dignamente, lo que suele incluir no hacer mal a nadie, mantener la palabra dada y cumplir con su deber. Supongo que, «mutatis mutandis», algo parecido ocurrirá con las instituciones.
Si partimos de esos supuestos, resulta muy difícil respetar al Tribunal Constitucional. No sólo está dilatando decisiones importantes -hay quien dice que por motivos políticos-, sino que emite sentencias que dañan la imagen que los ciudadanos tenemos de la justicia. En el famoso caso de «los Albertos», dicho tribunal asegura que hubo estafa, que esos señores (?) se quedaron con el dinero de pequeños ahorradores mediante engaño, pero no impone a los estafadores ninguna sanción, y -lo que es más grave- los tales individuos no tienen que devolver lo robado, a pesar de que son más ricos que Creso y los estafados, comparativamente, más pobres que las ratas.
Naturalmente que eso hiere de muerte al más elemental sentido de la justicia. Resulta imposible explicarse que sesudos varones especialistas en leyes hayan perdido el norte y piensen que una artimaña jurídica, por sutil que sea, pueda primar e imponerse al «sentido común de la justicia». Supongo que esas personas están metidas hasta las cejas, y enredadas, en normas, excepciones, otrosíes y considerandos. Supongo que saben tanto y viven con tanta intensidad los detalles y entresijos de la jurisprudencia que no pueden salir de ella. En sus enfotadas cabecitas, la juridicidad manda sobre la justicia. Los árboles no les dejan ver el bosque. Es la única ¿explicación? que se me ocurre. Hay otra, aunque prefiero no pensar en ella, a pesar de que en este mundo «todo cabe», como decía Sancho.
El resultado de esta agresión al sentido común de la justicia no es otro que el desprestigio del mentado tribunal. Aun suponiendo que hubiera algún resquicio legal que permitiera la exoneración de «los Albertos» después de quedarse con el dinero de probos ciudadanos, cualquier tribunal de justicia que respetase el espíritu de Astrea debería procurar que los estafadores tuvieran su castigo y, por supuesto, que los inocentes estafados recuperasen su dinero. Consecuentemente, debería huir de cuantos resquicios legales permitieran una prescripción del delito, que el propio tribunal en cuestión dice que existió.
Aquí lo tiene fácil el Constitucional, pues el Supremo y el fiscal general apoyan esa opción justa. Hubiera sido una buena ocasión para que ambos tribunales caminasen en direcciones parecidas. El Constitucional podría matar dos pájaros de un tiro: cumplir con el sentido común de la justicia y acercarse al Supremo aceptando las sugerencias de éste último, aunque más bien parece que está empeñado en que su opinión prive, aun a sabiendas de que perderá el respeto de muchos ciudadanos y de que se enfrentará a otras instituciones jurídicas de peso. La única explicación es que la prepotencia, el engreimiento y la soberbia superen al «sentido común de la justicia» y al deseo de concordia entre grandes tribunales.
Hay otra explicación, aunque prefiero no pensar en ella, aunque en este mundo «todo cabe» como decía Sancho.
Publicado en "La Nueva España" el 9 de Marzo de 2008.
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